Sobre algunas interrogantes de la electrificación latinoamericana

MARTÍN GARRIDO LEPE (Universidad de Barcelona)

Martín Garrido Lepe es Dr. en Historia Económica por la Universidad de Barcelona (UB), Magíster en Historia de Chile y América por la Universidad de Valparaíso y Profesor en Historia por la misma Universidad. Además, es parte del directorio de la Red de Investigadores de Historia Económica Iberoamericana (RHEI) (martin.garrido.lepe@gmail.com)

RESUMEN. Esta entrada al Blog busca exponer diversas problemáticas que permanecen abiertas sobre la historia de la electrificación latinoamericana, interpelando a los y las investigadoras para animarlos a desarrollar investigaciones que aborden la formación de la matriz energética latinoamericana. La importancia de conocer cómo se forjó nuestra matriz energética recae en los principales desafíos que actualmente enfrenta la región: elevar los niveles de calidad de vida de sus habitantes de manera sostenible, permitiendo la satisfacción de nuestras necesidades sin comprometer las posibilidades de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. La entrada también sugiere ciertas investigaciones que podrían guiar o servir de punto de partida para desarrollar estudios similares, pero enfocados en la historia energética latinoamericana.


“Edificio de la Luz” Santiago, Chile (1929). Fuente: CHILECTRA. (2001). Luces de modernidad. Santiago de Chile: Larrea Impresores, pág. 27.

Introducción

Entre los grandes desafíos que enfrenta el subcontinente latinoamericano, tal vez el más complejo sea elevar los niveles de calidad de vida de sus habitantes de manera sostenible. La tarea es compleja pues, incrementar los niveles de calidad de vida pasa, necesariamente, por incrementar el consumo energético de dichas sociedades (Martínez y Ebenhack, 2008; Wolfram et al., 2012). Dado que la mayor parte de los servicios energéticos se han electrificado (Fouquet, 2018), el incremento del consumo energético se concentrará en el consumo de electricidad, implicando una expansión de la capacidad instalada y de la generación eléctrica de cada territorio. En la región, el consumo eléctrico se encuentra muy lejos de permitir niveles de calidad de vida elevados, y con diferencias significativas entre sus miembros. Se estima que el consumo mínimo necesario para alcanzar niveles de calidad de vida relativamente altos es de 4.000 kWh/hab. (Pasternak, 2000). En 2015, solo Chile y Uruguay consumían más de 3.000 kWh/hab., seguidos de cerca por Argentina y Venezuela. En el otro extremo, Haití consumía 40 kWh/hab., mientras que cuatro países centroamericanos y Bolivia consumían por debajo de los 1.000 kWh/hab.[1] Cualquier intento por incrementar la calidad de vida en estos países requerirá mayor disponibilidad de electricidad, generando impactos en el medio ambiente.

La realidad energética descrita previamente es el resultado de décadas de inversión en infraestructura, tecnología, bienestar y aplicación de políticas energéticas. Por lo mismo, explicar la trayectoria que nos condujo al estado actual es una tarea indispensable para comprender nuestros desafíos futuros. En esta entrada se busca profundizar en la importancia del proceso de electrificación latinoamericano desarrollado durante el siglo XX, como elemento de análisis necesario para comprender nuestra historia económica y energética. Del mismo modo, se busca resaltar ciertas interrogantes sobre este proceso, que podrían considerarse en futuras investigaciones. El análisis se basa en una publicación propia, que repasa la trayectoria de electrificación en 20 de los 33 países de la región entre 1925 y 2015, publicada en la Revista Uruguaya de Historia Económica (Garrido Lepe, 2020).

La Electrificación Latinoamericana

Pese a que la llegada de la electricidad a América Latina fue un fenómeno relativamente temprano, su despegue y consolidación fue lento y dificultoso. Numerosas son las imágenes y noticias que dan cuenta de cómo la electricidad hacía su llegada a la industria y los transportes, desde las primeas décadas del siglo XX. Sin embargo, fue solo desde la década de 1940 en que la electricidad inició una penetración extendida en la vida de las sociedades latinoamericanas, de la mano del Estado como principal ente promotor de la electrificación (CEPAL, 1956, 1962). Para este fin, los Estados se sirvieron de empresas estatales y organismos técnicos que planificaron e invirtieron en el desarrollo de la actividad eléctrica, orientando el consumo para estimular la industrialización.

Antes de que el Estado asumiera un rol como empresario, la electrificación quedó al amparo de la iniciativa privada en la mayor parte de los países de la región. La situación solo fue diferente en Uruguay, en donde la Administración General de Usinas Eléctricas del Estado, creada en 1912, asumió el monopolio estatal de la generación, transmisión y distribución de electricidad. En otros países de la región, esta etapa enfrentó numerosas dificultades, particularmente derivadas de la competencia entre las empresas eléctricas, destacadas por su naturaleza de monopolio natural. En Estados Unidos, la competencia entre las empresas eléctricas condujo a numerosos conflictos que impidieron el crecimiento de esta industria, hasta que, desde 1907, el Estado reguló la actividad, otorgando concesiones para monopolios regulados (Vernon, 1996; Jarrell, 1978). Nuestro conocimiento en materia de regulación de esta primera etapa en América Latina es aún difuso. ¿De qué forma se relacionaron las empresas privadas con el Estado? ¿hubo competencia entre ellas que perjudicara su desarrollo?, ¿marcó alguna diferencia el hecho de que la mayor parte del capital de dichas empresas fuese extranjero?, ¿por qué no se replicó el caso uruguayo en otros países de la región?

“Compañía Sudamericana de Electricidad”, Santiago, Chile (1913). Fuente: Editor no Identificado. (1913). Santiago a la Vista. Imprenta Barcelona. pág. 52]

La implicación del Estado en la electrificación, desde la década de 1940, se encuentra inserta en el proceso de Industrialización Dirigida por el Estado (IDE). Una industrialización exitosa requería de una oferta eléctrica adecuada. Por ello, fueron los Estados los que planificaron e invirtieron en generación, transmisión y distribución de electricidad, complementando el trabajo de la empresa privada. Ello permitió la modernización de la industria, derivando en un incremento sustancial del consumo eléctrico de este sector. Sin embargo, la historiografía tampoco ha analizado el impacto que la electrificación tuvo en la productividad de la industria latinoamericana. Este aspecto ha sido motivo de importantes estudios en otras realidades (Devine, 1983; Enflo et al., 2009), así como de su impacto sobre la reducción de la intensidad energética (Schurr, 1984) y de ahorros en factores como el capital y el trabajo (Du Boff, 1967; Goldfarb, 2005; Ristuccia y Solomou, 2014). En América Latina, estas cuestiones siguen esperando por su tratamiento.

En forma paralela al avance de la electrificación de la industria, la urbanización, la transición demográfica y el incremento del ingreso, elevaron la demanda de servicios energéticos, derivadas del uso de los electrodomésticos, de la iluminación de los hogares, de las calles y plazas, y también del comercio, entre otras. A diferencia del consumo de carbón vegetal o la leña, la electricidad debe consumirse con tecnologías con mayor grado de sofisticación. El hecho de que se registre un incremento en el consumo eléctrico doméstico indicaría el uso de ampolletas (bombillas) para la iluminación de los hogares, refrigeradores para los alimentos, lavadoras, planchas, secadoras, cocinas, etc., y diversos otros electrodomésticos que explican el incremento en la calidad de vida. Este proceso de “residencialización” del consumo eléctrico, empleando el concepto acuñado por Bertoni (2011) para el Uruguay, fue un fenómeno generalizado en América Latina, particularmente desde 1985 en adelante. Sin embargo, poco se ha avanzado en comprender el impacto que la electrificación pudo tener en la calidad de vida de la población latinoamericana. En esta materia solo hay avances para el Uruguay, de la mano del trabajo de Bertoni et al. (2008). Además, desde una perspectiva regional, pero con un marco temporal que aborda solo la última década, Banal-Estañol et al. (2017). Sin embargo, para el resto de la región y en el largo plazo, esta relación permanece aún lejos de darnos respuestas satisfactorias.

“Central Termoeléctrica José Batlle y Ordoñez”, Montevideo, Uruguay (s/a). Fuente: montevideoantiguo.net

Los efectos de la electrificación se hicieron sentir con fuerza a fines de la década de 1960, en que la brecha con los países ricos comenzó a cerrarse rápidamente. La convergencia del consumo eléctrico entre nuestra región y los países ricos continúa hasta nuestros días, aunque sin lograr cerrarse definitivamente. Lo interesante de la situación latinoamericana es que, a mediados del siglo XX, el consumo eléctrico de varios de estos países se equiparaba o incluso superaba el de varios de los actuales países ricos. En 1960, España consumía 495 kWh/hab., Portugal 320 kWh/hab. y Grecia 242 kWh/hab.[2]  El mismo año, el consumo eléctrico en Chile era de 542 kWh/hab.; el de Venezuela de 540 kWh/hab. (1959); el de Argentina de 432 kWh/hab.; y el de Uruguay de 402 kWh/hab. Sin embargo, en 2014, los actuales países ricos consumían todos más de 4.500 kWh/hab., superando lo necesario para alcanzar elevados niveles de calidad de vida (Pasternak, 2000; Martínez y Ebenhack, 2008; Mazur, 2011). Mientras tanto, en América Latina, el mejor caso superaba levemente los 3.800 kWh/hab., siendo la pobreza energética una realidad extendida en la región (García, 2014). Frente a este escenario es que nos preguntamos ¿cómo los actuales países ricos pudieron alcanzar dichos niveles de consumo eléctrico por habitante, mientras que el mejor nivel de América Latina no ha logrado llegar a 4.000 kWh/hab.? O, desde un punto de vista diferente, ¿es posible alcanzar mayores niveles de calidad de vida, sin incrementar sustancialmente el consumo de energías, como en algún momento sugiere Smil (2017)?

Gráfico 1. Ratio Consumo eléctrico por habitante en América Latina y Países Ricos [3]

Fuente: Datos de América Latina en 1966 y 1969, de Garrido Lepe (2020). Para todo el resto, Banco Mundial.

Entre las dudas que aún aquejan la electrificación latinoamericana, no podía faltar el rol de los recursos naturales. El impulso inicial de la electrificación regional se realizó sustentándose en la generación hidroeléctrica, de la cual América Latina ha sido un destacado consumidor, mayor que el resto de las demás regiones del mundo (Rubio y Tafunell, 2014). Los recursos hídricos de la región fueron un incentivo significativo, aunque no el único. También existía la necesidad de controlar el flujo de divisas que se destinaban a la importación de combustibles fósiles, para destinarlas a la importación de bienes de capital y continuar con la industrialización. Sin embargo, durante la década de 1980, la matriz de generación eléctrica presentó una transformación sustancial en sus fuentes de generación. Desde 1986, la participación de la hidroelectricidad en la generación eléctrica total cayó de forma casi constante desde 61% hasta un mínimo histórico de 34% en 2015, siendo sustituida por fuentes de generación termoeléctrica. ¿Por qué se produjo esta reducción relativa de la hidroelectricidad en la matriz eléctrica latinoamericana? La literatura ha abordado esta transición en Chile (Yáñez y Garrido Lepe, 2017), Argentina (Furlán, 2017) y Uruguay (Bertoni, 2011). Sin embargo, todavía quedan numerosas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿qué factor jugaron los precios de las energías primarias y los costos de generación eléctrica en dicha transición?

El incremento de la termoelectricidad en la matriz eléctrica latinoamericana es doblemente preocupante, si consideramos los nuevos desafíos ambientales que enfrenta la humanidad. En este caso, el incremento del uso de energías fósiles para la generación eléctrica va en contra de los intentos por descarbonizar el sistema energético global y prevenir de esa forma el excesivo incremento de la temperatura promedio de la tropósfera. En el caso de esta transición energética, el rol de las instituciones es clave, tal y como lo señala la literatura especializada (Fouquet, 2016; Sovacool, 2016; Smil, 2016; Geels et. al., 2017). Por lo mismo, cabe preguntarse ¿de qué forma pueden las instituciones revertir este escenario? Y ¿qué mecanismos regulatorios se han empleado en otros países para avanzar en la transición hacia una matriz energética descarbonizada? Por otro lado, surge la duda de si enfrentamos un escenario apropiado para fortalecer el rol de las empresas públicas en la conducción de este proceso.

“Parque Solar Caucharí”, Jujuy, Argentina (2021). Fuente: energiaestrategica.com

Las dudas que quedan por resolver sobre la electrificación latinoamericana son mucho más numerosas que las que aquí se repasan. Sin embargo, éstas pueden constituir un punto de partida para un análisis más profundo que nos permita comprender cómo hemos construido nuestra actual matriz energética, y cómo podemos enfrentar los desafíos que nos depara el futuro. Lo único cierto es que la resolución de ambas dudas es un trabajo necesario, y que solo podremos salvar si lo enfrentamos de manera colectiva y regional.


[1] Datos CEPAL, consultados el 12 de abril de 2020 en:  https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1754&idioma=e

[2] Datos Banco Mundial, consultados el 10 de octubre de 2021 en: https://datos.bancomundial.org/

[3] Los países de América Latina que entran en esta comparación son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En cuanto al grupo de países ricos, se compone de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza

Referencias

Banal-Estañol, Albert; Calzada, Joan y Jordana, Jacint. (2017). How to achieve fill electrification: Lessons from Latin America. Energy Policy (108): 55-69.

Bertoni, Reto. (2011). El Modelo Energético de la “Suiza de América” como Problema. Aportes de un Análisis Sectorial del Consumo en Uruguay. Revista Uruguaya de Historia Económica, 1 (1): 76 – 102.

Bertoni, Reto; Camou, María; Maubrigades, Silvana y Román, Carolina. (2008). El consumo de energía eléctrica residencial en Uruguay en el siglo XX: una aproximación a la calidad de vida. En Rubio, María del Mar y Bertoni, Reto (comp.), Energía y desarrollo en el largo siglo XX. Uruguay en el marco latinoamericano. Barcelona – Montevideo: Universitat Pompeu Fabra – Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, pp. 179-204.

CEPAL. (1956). La Energía en América Latina. Nueva York: Naciones Unidas.

CEPAL. (1962). Estudios sobre la Electricidad en América Latina. Informe y Documentos del Seminario Latinoamericano de Electricidad. Volúmen I. México D.F.: Naciones Unidas.

Devine, Warren. (1983). From Shafts to Wires. Historical Perspective on Electrification. The Journal of Economic History, 43(2): 347–372.

Du Boff, Richard. (1967). The Introduction of Electric Power in American Manufacturing. The Economic History Review, 20(3): 509–518.

Enflo, Kerstin, Kander, Astrid, y Schön, Lennart. (2009). Electrification and Energy Productivity. Ecological Economics, 68 (11): 2808–2817.

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Fouquet, Roger. (2018). Consumer Surplus from Energy Transition. The Energy Journal, 39 (3): 167 – 188.

Furlán, Adriano. (2017). La transición energética en la matriz eléctrica argentina (1950-2014). Cambio Técnico y Configuración Espacial. Revista Universitaria de Geografía, 26 (1): 97 – 133.

García, Rigoberto. (2014). Pobreza energética en América Latina. Documentos de Proyectos 576, Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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Geels, Frank; Sovacool, Benjamin; Schwanen, Tim y Sorrell, Steve. (2017). The Socio-Technical Dynamics of Low-Carbon Transitions. Joule, 1(3): 463-479.

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Pasternak, Alan. (2000). Global Energy Futures and Human Development: A Framework for Analysis. Oak Ridge: US Dep Energy.

Ristuccia, Cristiano y Solomou, Solomos. (2014). Can general purpose technology theory explain economic growth? Electrical power as a case study. European Review of Economic History, 18: 227 – 247.

Rubio, María del Mar y Tafunell, Xavier. (2014). Latin American hydropower: A century of uneven evolution. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38: 323–334.

Schurr, Sam. (1984). Energy use, Technological Change, and Productive Efficiency: An Economic-Historical Interpretation. Annual Review of Energy, 9(1): 409–425.

Smil, Vaclav. (2016). Examining energy transitions: A dozen insights based on performance. Energy Research and Social Science, 22: 194–197. https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.08.017

Smil, Vaclav. (2017). Energy and Civilization. A History. Londres: MIT Press.

Sovacool, Benjamin. (2016). How long will it take? Conceptualizing the temporal dynamics of energy transitions. Energy Research & Social Science, 13: 202 – 215.

Vernon, Smith. (1996). Regulatory Reform in the Electric Power Industry. Regulation, 19 (1): 33-46.

Wolfram, Catherine; Shelef, Orie y Gertler, Paul. (2012). How Will Energy Demand Develop in the Developing World? Journal of Economic Perspectives, 26(1): 119-138.

Yáñez, César y Garrido Lepe, Martín. (2017). El tercer Ciclo del Carbón en Chile, de 1973 a 2013: del Climaterio al Rejuvenecimiento. América Latina En Historia Económica, sep.-dic., 224–258.


Violencia interpersonal: un nuevo indicador de bienestar

MANUEL LLORCA-JAÑA (Universidad de Valparaíso)

RODRIGO RIVERO-CANTILLANO (Universidad Adolfo Ibáñez)

Manuel Llorca-Jaña es PhD en Historia Económica por la Universidad de Leicester (UK), Master en Historia Económica Internacional por la misma institución y Economista de la Universidad de Santiago de Chile.

Rodrigo Rivero-Cantillano es PhD en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, Máster de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra y Universidad Autónoma de Barcelona y Licenciado en Historia, Universidad de Valencia.

RESUMEN. En esta entrada del Blog presentamos la violencia interpersonal como un nuevo indicador de bienestar. El mismo ha sido usado de manera creciente en análisis de bienestar para países desarrollados, pero no así para América Latina. Presentamos, además, los principales resultados de un estudio que realizamos para Chile, que utiliza la tasa de homicidios como proxy de la violencia interpersonal, explicando la importancia y los principales determinantes de este importante indicador.


Fuente: Archivo Histórico Riva-Agüero. Instituto Riva-Agüero. Pontificia
Universidad Católica del Perú. (2013). Asesinato del presidente Manuel
Pardo [Image]. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/9704.

Introducción

Existe un creciente consenso en que el concepto de bienestar es complejo, además de multidimensional: mientras más variables/dimensiones relevantes consideremos respecto de todo aquello que afecte los niveles de vida de la población, mejor. Entre las diversas variables que han ido ganando terreno en las últimas décadas se encuentra la seguridad personal, y, dentro de ella, la violencia interpersonal. En efecto, en 2014 la OECD publicó un muy buen libro titulado How was life? Global well-being since (van Zanden et al. eds., 2014), en el cual se incluyeron indicadores de bienestar clásicos como PIB per cápita, salarios reales y esperanza de vida, pero también se agregaron muchos otros menos familiares para los cientistas sociales: estatura, medioambiente y seguridad personal; este último normalmente medido a través de indicadores de violencia interpersonal, tales como la tasa de homicidios o la tasa de robos violentos.

Algunos aspectos conceptuales

Gracias a este tipo de publicaciones, hoy en día es ampliamente aceptado que las tasas de homicidio, como proxy de violencia interpersonal, representan un buen indicador del bienestar de una sociedad (Baten et al., 2014; OECD, 2014). En efecto, la violencia interpersonal es una variable de primera importancia a la hora de evaluar el desarrollo, dado que las sociedades con altos niveles de violencia son asociadas a la existencia de un bajo capital social y, a su vez, éstas también muestran bajos niveles de capital humano (Gust y Baten, 2019). Las sociedades con alto nivel de violencia deben asignar una cantidad considerable de recursos y esfuerzos a la resolución de conflictos en lugar de destinarlos a la inversión productiva, o a la oferta de servicios públicos, incluyendo el gasto social. Por otro lado, los crímenes violentos impactan negativa y directamente en la calidad de vida de las personas, puesto que reducen la seguridad de la propiedad privada generando un clima de desconfianza e incertidumbre. Incluso, otra consecuencia negativa de los altos niveles de violencia interpersonal es la profundización de la desigualdad de género, conduciendo a la pérdida de autonomía femenina (Gust y Baten, 2019). Finalmente, el bienestar de la población es mayor si los habitantes de una sociedad se sienten seguros. El impacto negativo en el bienestar de las personas del sentimiento de inseguridad es considerado tan serio como el crimen mismo. Por tanto, la seguridad interpersonal es uno de los aspectos más valorados y exigibles tanto para el desarrollo económico como social (Fanjzylber, Lederman y Loayza, 1998; 2002a y 2002b).

Como dijimos, el principal indicador de violencia interpersonal es la tasa de homicidios intencionales entre civiles. El homicidio intencional generalmente se define como una muerte ilegal infligida deliberadamente a una persona por otra persona, excluyendo las bajas por guerras ya sean estas internacionales o civiles (Eizner, 2003a; 2003b). Cuando se quiere estudiar la seguridad personal al interior de una sociedad, la tasa de homicidios presenta ventajas frente a otras alternativas como el número de robos, puesto que esta última está expuesta a un mayor grado de subregistro, ya que una gran proporción de los robos no son denunciados ni registrados. (Fajnzylber, Lederman and Loayza 2002a; OECD, 2011). En cambio, los homicidios intencionales, probablemente, el más grave de todos los delitos, por su naturaleza y connotación social, tienen menor probabilidad de pasar desapercibidos y están menos propensos a la manipulación estadística, consecuentemente, se registran con mayor eficacia en la mayoría de los países (Fajnzylber, Lederman and Loayza 2002b; Eisner 2003b). Incluso, frente a otros graves delitos de carácter interpersonal, como la violencia sexual o contra los niños, los registros de homicidios cuentan con mayor confiabilidad. De hecho, existe un amplio acuerdo en que los registros de homicidios son quizás la única cifra de delitos que proporciona una medida precisa, razonable y consistente de los niveles de delitos graves, por esta razón, permiten realizar análisis comparativos entre países o entre regiones de un mismo país durante largos períodos de tiempo (Eisner, 2003a). Por último, el homicidio, en cuanto crimen, siempre ha atraído el interés de las instituciones, desde las sociedades medievales hasta hoy, mientras que, desde el punto de vista de las autoridades, su importancia se ha mantenido estable en el transcurso de los últimos siglos (Eisner, 2003b). Este interés también ha sido recogido por el cine, inmortalizando las historias de famosos asesinos como Charles Manson en Helter Skelter (1976), los numerosos títulos dedicados a Al Capone, incluyendo su máximo perseguidor Eliot Ness en la premiada The Untouchables (1987), pero también creando historias de ficción que se han convertido en parte de la propia tradición del cine, sobre todo después del éxito de Psycho (1960) de Alfred Hitchcock, la muy premiada Fargo (1996) de los hermanos Coen o, más recientemente, la serie Mind Hunter (2017) que se adentra en la investigación de dos agentes del FBI para conocer los patrones psicológicos de los mayores asesinos en serie. Sin duda, el éxito de estos films responde al gran impacto que este tipo de crímenes genera en la sociedad.

Entre los distintos determinantes de los niveles de violencia interpersonal al interior de las sociedades, un factor central es la capacidad del Estado para monopolizar la violencia. La noción del Estado como una comunidad humana que demanda el monopolio del legítimo uso de la violencia física al interior del territorio está directamente relacionado con la capacidad de gobernar, y es un elemento clave en el desarrollo político y económico de los países. La historia está plagada de ejemplos de países que han fracasado en establecer este monopolio y las razones son muy variadas. De esta manera, existe un amplio acuerdo en la literatura que para analizar las tendencias seculares en la violencia interpersonal, se necesita una perspectiva de análisis amplia que incluya aspectos contextuales como los cambios en las estructuras sociales de poder, la legislación, la mentalidad, la composición por edades de la población, condiciones culturales y económicas, niveles de desigualdad, las tasas de pobreza, factores como las diferencias regionales, la demografía, la economía y la estructura política, las cuales ayudan a explicar los distintos patrones observados en las tasas de homicidios a través del tiempo (Eisner, 2003b; Mares, 2009; Gurr, 1981).

La escasa historiografía para América Latina

Lamentablemente, existen pocos estudios sobre cómo ha evolucionado la tasa de homicidios para países latinoamericanos en el largo plazo. El único estudio publicado para algún país latinoamericano es el de Rivero-Cantillano et al. (2021) para Chile (fruto del proyecto Anillos ANID PIA SOC 180001). Existe, además, una muy buena tesis de maestría que fue defendida recientemente por Analía Rivero en la Universidad de la República, Uruguay, que cubre un periodo similar al de Rivero-Cantillano et al., pero para Uruguay, y que seguramente saldrá prontamente publicada como artículo.

El trabajo de Rivero-Cantillano et al. (2021) para Chile analiza, en particular, la evolución de las tasas de homicidio en Chile desde la década de 1880 hasta la de 2010. Los autores constataron que las tasas de homicidio fueron muy elevadas a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX (Figura 1). Sin embargo, esta situación comenzó a mejorar gradualmente desde la década de 1930, y de forma más pronunciada entre los años cincuenta y sesenta, lo que permitió que las tasas de homicidio se mantuvieron bajas según estándares internacionales hasta finales de siglo. A lo largo de las últimas dos décadas, no obstante, se ha observado un incremento relativo de los homicidios en Chile. El análisis cuantitativo del estudio sugiere que el aumento del gasto social en el pasado se asocia con la reducción de los homicidios en el presente, que el crecimiento económico pasado y presente también se correlaciona con la reducción de la tasa de homicidios, cuestión similar a lo que ocurre con el aumento de la presencia policial. Con todo, el estudio destaca que las décadas de 1930 a 1960 constituyen un periodo clave en la evolución de la violencia interpersonal, lo que coincide con la aparición de un estado de bienestar (y el aumento del gasto social), el descenso de los índices de pobreza, la mejora de la sanidad y la educación, y el aumento del sufragio.

Figura 1: Tasa de homicidios para Chile (número de homicidios por 100.000 habitantes, medias móviles a 5 años, 1880-2017)

Fuente: Rivero-Cantillano et al 2021.

Nuestro llamado es a entusiasmar a colegas latinoamericanos a producir trabajos similares a los de Rivero-Cantillano et al. (2021) para Chile y de Analía Rivero para Uruguay, pero para otras repúblicas, para así poder realizar estudios comparativos de largo plazo.

Referencias

Eisner, Manuel (2003a) “Long-term historical trends in violent crime.” Crime and Justice 30: 83-142, doi: 10.1086/652229

Eisner, Manuel (2003b) “The long-term development of violence: empirical findings and theoretical approaches to interpretation.” in Heitmeyer, Wilhelm and John Hagan (eds.) International Handbook of Violence Research. Dordrecht, NL: Springer, 41-59.

Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman and Norman Loayza (1998) Determinants of Crime Rates in Latin America and the World. An Empirical Assessment. Washington, D.C.: World Bank. doi:10.1596/0-8213-4240-1

Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman and Norman Loayza (2002a) “Inequality and violent crime.” The Journal of Law & Economics 15 (1): 1-40, doi: 10.1086/338347

Fajnzylber Pablo, Daniel Lederman and Norman Loayza (2002b) “What causes violent crime?” European Economic Review 46 (1): 1323-1357, doi: 10.1016/S0014-2921(01)00096-4.

Gurr, Ted R. (1981) “Historical Trends in Violent Crime: A Critical Review of the Evidence”. Crime Justice 3(1): 295–353, https://www.jstor.org/stable/1147382

Gust Sarah and Jörg Baten (2019). Interpersonal violence in South Asia, 900-1900. Working Paper, Universität Tubingen.

Mares, Dennis (2009) “Civilization, economic change, and trends in interpersonal violence in western societies.” Theoretical Criminology 13(4): 419-449, doi: 10.1177/1362480609340401

OECD (2011) “Personal security” in OECD (ed) How’s Life? Measuring Well-being. Paris: OECD Publishing.

Rivero, Rodrigo; Manuel Llorca-Jaña, Damian Clarke, Javier Rivas, Martina Allende, Daniel Quezada (2021) “Interpersonal violence in Chile, c.1880s-2010s: A tale of delayed but successful convergence”, SocialScience History (forttcoming).

Economía del conocimiento o especialización primario-exportadora: el dilema de Uruguay y Nueva Zelanda

JORGE ÁLVAREZ SCANNIELLO (Universidad de la República, Uruguay)

Jorge Álvarez es Doctor en Historia Económica, Profesor del Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República (Uruguay) e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, Uruguay. Sus principales líneas y proyectos de investigación se centran en el estudio del desempeño histórico de la economía uruguaya en perspectiva comparada, atendiendo especialmente la relación entre instituciones y desarrollo en el contexto de las sociedades de nuevo asentamiento europeo (jorge.alvarez@cienciassociales.edu.uy)

RESUMEN. Con el objetivo de aportar una mirada histórica al análisis de los problemas económicos contemporáneos, esta entrada al Blog busca colocar en un primer plano los desafíos que enfrentan las pequeñas economías de base agraria en el mundo actual. En particular, el dilema de basar el desarrollo económico en la explotación inteligente de los recursos naturales o promover la innovación, la ciencia y la tecnología, apostando a nuevos sectores y productos.


Introducción

Uno de los problemas centrales de la historia económica como disciplina es identificar y explicar los patrones de desarrollo a largo plazo de los países, y los procesos de convergencia y divergencia de las economías a escala mundial. En Uruguay –lo mismo puede decirse de Argentina– una pregunta central, que ha estado presente en los más diversos programas de investigación en historia económica, es por qué el país tuvo un bajo crecimiento económico a largo plazo y, habiendo sido un país próspero en el pasado, vio deteriorar su posición relativa en la economía mundial. Las respuestas han enfatizado distintos factores y dimensiones como el patrón de especialización productiva y comercial basado en la explotación de sus recursos naturales, la productividad del sector exportador, la calidad de sus instituciones, los grados de apertura, cerramiento, liberalización y dirigismo estatal en los distintos períodos de su historia y el alcance de la transformación de su estructura productiva, por mencionar solo algunas de ellas. En general, los énfasis y dimensiones exploradas han dependido de los enfoques teóricos adoptados y del instrumental analítico movilizado.

Un tema crucial es el vínculo entre la dotación de recursos naturales y el crecimiento económico, especialmente en un país como Uruguay con ventajas comparativas y competitivas derivadas de la productividad de su sector primario. En este sentido, la pregunta sobre el rezago de la economía uruguaya suele trascender el ámbito estrictamente académico, permeando al conjunto de la sociedad cuando se ponen en cuestión las bases del desarrollo futuro del país y el papel que le cabe al sector primario. Así el problema ha sido abordado en espacios de difusión más o menos especializados[i], en abordajes periodísticos y columnas de opinión[ii] y, en menor medida, por los actores políticos. En los últimos años, el debate adquirió especial interés en el marco del último ciclo de crecimiento de la economía uruguaya y de la notable transformación de su sector agrario, que experimentó un profundo cambio estructural e intensificación del contenido tecnológico de su producción (Paolino, Pittaluga y Mondelli, 2014). En ese contexto, solo unas pocas voces llamaron la atención sobre las bases débiles de este ciclo expansivo, impulsado por las exportaciones agrarias y por el crecimiento del precio de las commodities en el mercado mundial[iii].

Recientemente, el problema del escaso desempeño histórico de la economía uruguaya y las bases de su futuro desarrollo han vuelto a la palestra pública con la publicación de un libro que afirma que Uruguay debe repensar las bases tradicionales de su economía –basada en la producción de commodities y productos de baja y media tecnología– y virar hacia una economía basada en innovación, ciencia y tecnología (Pascale, 2021)[iv]. Su tesis central no supone novedad para los especialistas en temas del Desarrollo (Arocena y Sutz, 2003; Bértola et al., 2005; OPP, 2019), pero tiene la virtud de colocar el problema en un texto dirigido al gran público, que ha alcanzado una amplia difusión por tratarse de un libro escrito por un reconocido intelectual, docente universitario y expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU). Las alusiones del libro a Nueva Zelanda son reiteradas, como un país con el que se suele comparar a Uruguay, aunque el autor enfatiza las diferencias entre ambos países antes que sus similitudes.

Esta nota busca colocar en un primer plano los desafíos que enfrentan las pequeñas economías de base agraria en el mundo actual, en particular, el dilema de basar el desarrollo en la explotación inteligente de los recursos naturales o promover la innovación, la ciencia y la tecnología, apostando a nuevos sectores y productos. En este sentido, el caso de Nueva Zelanda es relevante porque ese país enfrenta desafíos similares a los de Uruguay debido a que comparten un conjunto de rasgos estructurales.

Es cierto que en Uruguay la comparación con Nueva Zelanda ha sido un tópico recurrente, ya para comprender el magro desempeño del país y el rezago con su “primo rico”, ya para adoptar los avances logrados por Nueva Zelanda. Las comparaciones históricas han buscado explicar las diferencias de productividad de los respectivos sectores agrarios desde la perspectiva del cambio tecnológico (Álvarez y Bortagaray, 2007; Álvarez, 2018, 2020; Castro y Willebald, 2019), el impacto de la estructura de la propiedad de la tierra sobre la distribución del ingreso (Kirby, 1975; Álvarez, 2013, 2017) el vínculo entre la distribución del ingreso en el sector agrario y los procesos de industrialización y crecimiento (Álvarez et al., 2011), la dotación de recursos energéticos modernos y su impacto en la producción agraria y en el desempeño de ambas economías (Bertoni y Willebald, 2016; Travieso, 2020), las diferencias institucionales entre ambos países a partir de la teoría de los órdenes sociales (Schlüter, 2014), la volatilidad cíclica y las imperfecciones del sistema financiero (Carbajal y de Melo, 2007), sin olvidar sendos trabajos que en las décadas de 1950 y 1960 buscaron promover en Uruguay las técnicas de producción ganadera de Nueva Zelanda (Gallinal, 1951; Davie, 1960). Estos trabajos comparten la idea que ambas economías presentan algunas similitudes, lo que justifica su comparación, e importantes diferencias que explican los resultados divergentes. En algunos casos se enfatizaron las diferencias vinculadas a la dotación de recursos, en otros las diferencias gestadas en el propio proceso histórico. Sin embargo, pocos trabajos destacaron las similitudes estructurales que persistieron a largo plazo (Álvarez y Bértola, 2013) y que en la actualidad coloca a ambos países ante similares desafíos con relación a su desarrollo futuro.

En este sentido, Nueva Zelanda se encuentra también algunos años por delante de Uruguay en el estado del debate historiográfico sobre el papel de la dependencia de las exportaciones primarias en el desarrollo del país (McAloon, 2015) y en la discusión relativa a la necesidad de construir nuevas bases para la competitividad internacional impulsada por la ciencia, la innovación y el cambio tecnológico, esto es, por la economía del conocimiento (Kirk y Bibby, 2001; Oxley y Thorns, 2007). En particular, quiero destacar los trabajos de Callaghan (2009) y Hendy y Callaghan (2013)[v] que sostienen enfáticamente que Nueva Zelanda tiene que cambiar su patrón de inserción externa, abandonar los recursos naturales como la base principal de su competitividad internacional e ingresar en la economía de la innovación y el conocimiento.

By Peter, Bromhead, Marlborough Express (Newspaper), New Zealand, 2012. A sheep laments to other sheep in the herd that ‘we’re no longer a land of sheep, we’ve been replaced with hobbits’. Refers to Tourism New Zealand’s global marketing campaign regarding The Hobbit: An Unexpected Journey

En lo que sigue, destacaré algunos rasgos estructurales compartidos por ambas economías, en particular, el declive en la economía mundial y la especialización primario exportadora. Y, con base en los aportes realizados por un conjunto de investigaciones, sostendré que la especialización primario exportadora es una de las principales causas del declive relativo de ambos países en la economía mundial. Finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre el camino que deberían transitar ambos países para acortar las brechas de ingreso, productividad y tecnología con las economías desarrolladas.

Rasgos estructurales compartidos: declive secular, modelos de desarrollo y especialización primario exportadora

A fines del siglo XIX, Nueva Zelanda y Uruguay –típicas sociedades de nuevo asentamiento europeo– se encontraban entre las naciones más ricas del mundo en términos de ingresos por habitante (Gráfico 1).  Esta posición de privilegio se debió a que ambos países contaron con una alta relación recursos naturales-población, gozaron de excelentes condiciones naturales para la producción agraria y se especializaron en la producción y exportación de un rango limitado de productos ganaderos (carnes, lanas, cueros, lácteos), que fueron crecientemente demandados por las economías desarrolladas de Europa Occidental durante la primera globalización del capitalismo.

No obstante esta posición privilegiada en el concierto internacional, a partir de la Primera pos-Guerra Mundial ambas economías consolidaron una tendencia declinante de los niveles de sus ingresos por habitante que se profundizó a partir de la segunda mitad del siglo XX (Gráfico 1). En la década de 1950, Uruguay ingresó en lo que ha sido definido como un proceso de “latinoamericanización” de la otrora “Suiza de América” (Finch, 2005). Al mismo tiempo Nueva Zelanda comenzó a rezagarse de forma pronunciada, cayendo desde las primeras posiciones del grupo de países de la OCDE a los últimos lugares en los primeros años del siglo XXI (Easton, 1997). Este rezago –advertido y pronosticado tempranamente por Rosenberg (1968)– se hizo evidente en el último cuarto del siglo XX, lo que alejó a Nueva Zelanda de la trayectoria de crecimiento de otras economías de asentamiento europeo, como Canadá y Australia (Bertram, 2009).

Gráfico 1. PBI per cápita de Nueva Zelanda y Uruguay con relación al PBI per cápita promedio de cuatro economías desarrolladas (Alemania, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña = 100), 1870-2018

Fuente: elaborado con base en Maddison Project Database (2020). Las fuentes nacionales pueden consultarse en (Maddison, 2006, 2009) y en las sucesivas actualizaciones (Bolt y van Zanden, 2020).

Además de este rezago relativo en la economía mundial, ambos países compartieron un conjunto de rasgos estructurales. Entre ellos, la persistencia de una inserción externa basada en la producción y exportación de bienes agrarios (las exportaciones agrarias representaron, en promedio, más del 80% de las exportaciones uruguayas y más del 70% de las exportaciones neozelandesas en el siglo XX), la evolución de los términos de intercambio con similares tendencias y fluctuaciones, y la misma secuencia de modelos de desarrollo económico a largo plazo (Álvarez, 2014). Algunos estudios comparados y un conjunto de abordajes historiográficos a escala local, dieron cuenta de los factores que explican el rezago de estas economías. Como veremos más adelante, entre ellos, el papel jugado por la especialización primario-exportadora, los cambios verificados en los patrones de consumo de los principales mercados compradores a lo largo del siglo XX, la evolución del precio de las exportaciones agrarias, las fluctuaciones de los términos de intercambio y el escaso contenido tecnológico de las exportaciones intensivas en recursos naturales. Como expresión de todo ello, los otros factores comprometidos en esta trayectoria divergente son la caída relativa de la productividad y de los salarios, una estructura productiva insuficientemente diversificada, y las limitaciones que impuso a ambos países la pequeña escala de los respectivos mercados internos.

Eric Walmsley Heath, Dominion (Newspaper), New Zealand, 1969. As a sheep labelled ‘The wool industry’ walks away, its fleece catches on thistles named 1965, 1967 and 1968, and unravels. The tail end is exposed to the cold. Refers to the effect on the industry of the decline in the export price for wool between 1965 and 1968.

Inserción externa basada en bienes primarios intensivos en recursos naturales como causa del declive

Los argumentos movilizados por los estudios comparados que dieron cuenta del rezago relativo de las economías de nuevo asentamiento del hemisferio sur, establecieron que el patrón de especialización productiva y comercial –basado en el uso intensivo de los recursos naturales– y la escasa transformación de la estructura productiva fueron sus principales causas. Por ejemplo, Schedvin (1990) afirmó que la dependencia de las actividades agrícolas y ganaderas –podríamos agregar la forestal– limitó el alcance de la diversificación productiva de las economías de nuevo asentamiento europeo, al tiempo que los encadenamientos domésticos hacia atrás y hacia adelante fueron débiles y no alentaron la innovación tecnológica sistemática más allá del sector agrario. En el caso de Nueva Zelanda, la dependencia fue más pronunciada que en los casos de Canadá y Australia, debido a dos principales limitaciones: la localización geográfica y la escala de su mercado, lo que hizo caer a este país en la trampa de la dependencia de las exportaciones agrarias. Argumentos similares fueron desarrollados por Álvarez et al. (2007), quienes destacaron que las ventajas que ofreció la primera globalización del capitalismo a las economías de nuevo asentamiento europeo se fueron diluyendo luego de la década de 1930, cuando cambió el papel de los recursos naturales en el comercio mundial. En ese contexto, Nueva Zelanda y Uruguay movilizaron sus mercados internos, experimentaron importantes transformaciones estructurales, y le asignaron al Estado un papel de liderazgo en los procesos de cambio estructural y de desarrollo. Sin embargo, el impacto negativo de la reversión de los términos de intercambio y de la crisis del petróleo hicieron muy difícil mantener y profundizar este proceso de cambio estructural. En ningún caso las transformaciones estructurales posibilitaron un cambio radical de la estructura de las exportaciones que les permitiera a ambas economías trascender el límite impuesto por la dotación original de recursos naturales (Álvarez y Bértola, 2013). Esto implicó qué, a partir de la década de 1990, se profundizara el rezago de la estructura productiva –considerando el peso de los sectores intensivos en tecnología– de ambos países con relación a las economías desarrolladas, de forma más pronunciado en Uruguay que en Nueva Zelanda (Bértola y Porcile, 2007). Esto se vio reflejado en las respectivas canastas de exportaciones y en su contenido tecnológico. Precisamente, si tenemos en cuenta la sofisticación de la estructura de las exportaciones por contenido tecnológico, ambos países se ubicaron en posiciones similares a escala global a comienzos del siglo XXI: Nueva Zelanda en el puesto 42 y Uruguay en el 39 (Isabella, 2012).

Más allá de los enfoques comparados, las respectivas historiografías económicas nacionales destacaron el papel de la especialización primario-exportadora como causa principal del declive de cada país en la economía mundial.

Published in: New Yorker (8/7/1979)

En el caso de Nueva Zelanda, el declive estuvo directamente relacionado con la ralentización del crecimiento de la demanda británica luego de la segunda pos-guerra, especialmente de los bienes primarios neozelandeses derivados de la ganadería (carnes, lanas y lácteos), y con el surgimiento de bienes sustitutos naturales y sintéticos a escala global, a partir de la década de 1960 (Belich, 2001). El rezago con relación a los países de la OCDE comenzó a hacerse evidente en esos años (Easton, 1997, 2020; Singleton y Robertson, 2002) obligando a Nueva Zelanda a diversificar los mercados de colocación de sus bienes primarios tradicionales y, a partir de la década de 1970, a diversificar también los productos de exportación, incorporando otros bienes agrarios (horticultura, vitivinicultura, forestación, etc.) (Easton, 2015, 2020). Sin embargo, el cambio estructural que experimentó Nueva Zelanda en el sector agrario y la diversificación de las exportaciones primarias, no impulsaron el crecimiento del país al ritmo necesario para acortar la distancia con los líderes de la economía mundial. Callaghan (2009), poniendo el foco en el aumento de la brecha de ingresos por habitante que se verificó en las últimas décadas del siglo XX entre Nueva Zelanda y Australia, destacó que los indicadores más evidentes del atraso neozelandés son el rezago de los salarios reales, los bajos niveles de productividad y la emigración de la población joven altamente calificada. Y que, en última instancia, estas tendencias son el resultado de la especialización en actividades productivas con bajos niveles salariales como la actividad primaria. Skilling (2009) también señaló que los bajos niveles de productividad y la ausencia de una economía diversificada es la causa principal del rezago neozelandés, y que el gran problema del país es no haber desarrollado capacidades para diversificar la economía y complementar los ingresos derivados de la tierra.

Allan Charles Hawkey, Waikato Times, New Zealand (2006)

En el caso de Uruguay, el retraso histórico también se debió al escaso desarrollo de sus capacidades productivas y a una competitividad basada casi exclusivamente en ventajas comparativas derivadas de los recursos naturales. De esto surge que el tipo de inserción externa ha sido un componente fundamental de la volatilidad y del carácter cíclico del desarrollo del país a largo plazo (Bértola y Bertoni, 2014; Bértola, Isabella y Saavedra, 2014). Detrás de la divergencia en términos de ingresos por habitante con los líderes hay un proceso de divergencia estructural. Esta relación (divergencia de ingresos y divergencia estructural) no se cumplió necesariamente en todos los períodos de la historia del Uruguay (el crecimiento anterior a la Primera Guerra Mundial es un ejemplo), pero a largo plazo la convergencia estructural es una condición necesaria para lograr la convergencia de ingresos con los países desarrollados (Bértola y Porcile, 2000). Además del tipo de inserción internacional, se ha señalado que la muy baja tasa secular de crecimiento de la economía uruguaya ha estado asociada a instituciones domésticas débiles que tendieron a amplificar la propia vulnerabilidad y volatilidad externa (Oddone y Cal, 2008; Oddone, 2010). Como en el caso de Nueva Zelanda (Hendy y Callaghan, 2013; Easton, 2020), la pequeña escala del mercado doméstico uruguayo operó también como límite a la especialización de las empresas, a los niveles de inversión y a la adopción tecnológica.

La brecha de ingresos por habitante de Nueva Zelanda y Uruguay con los países líderes es una brecha tecnológica

El desarrollo económico es, básicamente, un proceso de cambio estructural y de diversificación económica con base en la innovación y la difusión de tecnología. Estos conceptos han formado parte del pensamiento medular del estructuralismo latinoamericano, de los enfoques schumpeterianos y de las teorías del desarrollo por varias décadas (Rodriguez, 2006; Botta, Porcile y Ribeiro, 2018). Con referencias más o menos explícitas, estos conceptos se encuentran presentes en los diagnósticos sobre las causas del rezago de la economía neozelandesa. Callaghan & Hendy (2013) destacan que la principal paradoja de la economía neozelandesa en pleno siglo XXI es que, a pesar de estar ubicada en los primeros lugares del ranking mundial en variables relevantes para el desarrollo como la calidad democrática, el respeto a los derechos de propiedad, los bajos niveles de corrupción y de carga impositiva, el país no logra detener su caída en el ranking mundial de ingresos. De hecho, estiman que, para reducir la brecha con Australia, la productividad del trabajo en Nueva Zelanda debería crecer a una tasa de 3,3% acumulativo anual hasta 2028, lo que implica aumentar siete veces el crecimiento de la productividad registrada en el período 1960-2000 que fue apenas de 0,6% (Hendy & Callaghan, 2013, p. 34). El camino propuesto es cambiar el patrón de especialización agraria, quebrar la dependencia del sector primario, y expandir la base exportadora aumentando la participación de productos basados en conocimiento. Para hacerlo –se afirma rotundamente– hay que “abandonar” las pasturas, romper la dependencia del sector primario e invertir en ciencia y tecnología como lo han hecho otras pequeñas economías hoy desarrolladas como Finlandia y Dinamarca. Estos países apostaron a sectores de alta tecnología (industria manufacturera, electrónica, información y comunicaciones, etc.), en áreas no relacionadas con sus fortalezas previas basadas en la producción primaria (agricultura, ganadería y forestación).

Weta Digital, compañía dedicada a efectos visuales digitales, Wellington, Nueva Zelanda.

En el caso de Uruguay, la necesidad de diversificar la matriz productiva con base en la innovación, la ciencia, la tecnología y la economía del conocimiento es una condición necesaria para el desarrollo sostenible. Estos son procesos de largo aliento que requieren tiempo, mucha inversión y políticas decididas. A comienzos del siglo XXI, las políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay eran definidas como carentes de liderazgo y de una estrategia de mediano y largo plazo, lo que se traduce en una bajísima dotación de recursos y en una gran inestabilidad del financiamiento de los programas de promoción, en definitiva, en una situación de verdadera “indigencia innovadora” (Bértola et al., 2005). Si bien las dos primeras décadas del siglo XXI fue un período de importantes avances (OPP, 2019), no es claro que las políticas de promoción a la ciencia y a la innovación en Uruguay continúen profundizándose al ritmo necesario[vi].

Por otra parte, asumiendo que el crecimiento de largo plazo tanto de Uruguay como de Nueva Zelanda dependen de las decisiones de inversión en Investigación y Desarrollo (I&D), ambos países necesitan incrementar significativamente sus niveles de inversión. Según los últimos datos reportados por el Banco Mundial[vii], Uruguay invierte en I&D el 0,5 % del PBI, Nueva Zelanda el 1,4%, en tanto las economías de Finlandia y Dinamarca el 2,8% y el 3%, respectivamente. No solo queda mucho camino por recorrer, sino que es necesario también que ambos países diversifiquen decididamente el portafolio de la inversión en I&D. En particular, porque Nueva Zelanda favoreció sistemáticamente, desde comienzos del siglo XX, las inversiones públicas en el sector agrario, buscando maximizar sus ventajas comparativas y no construir nuevas ventajas competitivas (Nightingale, 1992; Skilling, Callaghan y Oram, 2009). De igual modo, Uruguay cuenta con un sistema de innovación agrario mucho más maduro en la comparación con otros sectores, tanto en recursos invertidos (inversión en I&D con relación al producto sectorial) como en términos de organización institucional (Bértola et al., 2005). En cualquier caso, aún cuando el sistema de innovación agrario de Nueva Zelanda es mucho más antiguo y denso que el uruguayo (Álvarez y Bortagaray, 2007), y contribuyó a alcanzar más altos niveles de productividad a largo plazo (Álvarez, 2018), no fue suficiente para contrarrestar las fuerzas comprometidas en el rezago de su economía.

La especialización primario exportadora y las ventajas comparativas y competitivas basadas en los recursos naturales contribuyeron a conformar una baja propensión al riesgo en ambas sociedades. Hendy y Callaghan (2013) sostienen que la sociedad neozelandesa no es tomadora de riesgos y, en general, se siente más cómoda apostando a la renta derivada de la propiedad de activos (inmobiliarios, financieros, la tierra), y a la producción primaria, que a invertir en el intelecto, en ciencia y en compañías de alta tecnología. En Uruguay se ha destacado reiteradamente la misma aversión al riesgo (Bértola et al., 2005; Pascale, 2021,  entre otros). La construcción de una visión estratégica sobre el desarrollo exige poner atención también en factores culturales muy enraizados en ambas sociedades y que resultan de rasgos estructurales de larga duración asociados a la especialización primario exportadora. Si bien el problema debe ser abordado por especialistas en temas del desarrollo y por hacedores de política, los historiadores pueden contribuir a situar el problema con una mirada comparada y de largo plazo.

En definitiva, el desafío que enfrentan las pequeñas economías agroexportadoras de Nueva Zelanda y Uruguay en el mundo actual es modificar el patrón de especialización y desarrollar ventajas comparativas basadas en conocimiento. Unos años atrás nos preguntamos (Álvarez y Bértola, 2013) si el rezago relativo de ambas economías se trató de un proceso de ajuste luego de una situación internacional extraordinaria que se combinó con una amplia disponibilidad de recursos durante la primera globalización, o si fue posible haber hecho algo para cambiar este patrón de pérdida progresiva de posiciones en el ranking mundial. Hoy no cabe duda que, aún cuando continúen aprovechando las ventajas de sus recursos naturales explotándolos inteligentemente, Nueva Zelanda y Uruguay deben construir nuevas capacidades basadas en la ciencia, la tecnología y la innovación tornando competitivas nuevas actividades y sectores que contribuyan a construir un nuevo modelo de desarrollo.

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[i] La tertulia agropecuaria. “El agro uruguayo, su presente y su futuro en el desarrollo nacional. Dos visiones, desde el campo y desde la ciudad”, 26/11/2008, Espectador.com. http://historico.espectador.com/agro/137907/el-agro-uruguayo-su-presente-y-su-futuro-en-el-desarrollo-nacional-dos-visiones-desde-el-campo-y-desde-la-ciudad#1

[ii] Diario La mañana. “El Agro es el motor, no siempre reconocido. Columna de opinión por Jorge Chouy  11/06/2020 en Rurales, https://www.xn--lamaana-7za.uy/agro/el-agro-es-el-motor-no-siempre-reconocido/

Diario El Observador, “La vaca nos salva” Columna de opinión por Lautaro Pérez, 18/11/2016, en: https://www.elobservador.com.uy/nota/la-vaca-nos-salva-20161118500

Centro de Estudio para el Desarrollo (CED). “¿Somos realmente un país agropecuario?” columna de opinión, 9/3/2021, en: https://ced.uy/somos-un-pais-agropecuario/

[iii] Diario El Observador, ‘La “lotería de los commodities” expone a Uruguay a otra crisis’ Entrevista a Luis Bértola, 22/2/2013, en: https://www.elobservador.com.uy/nota/la-loteria-de-los-commodities-expone-a-uruguay-a-otra-crisis-201322220400

[iv] https://www.planetadelibros.com.uy/libro-del-freno-al-impulso/333739

Entrevista al autor en:

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Pascale–La-tirania-del-corto-plazo-nos-consume-el-futuro-no-esta-en-el-debate–uc784338

[v] Sobre algunos de los problemas centrales abordados por Callaghan (2009), recomiendo la entrevista realizada por Diego Gonnet al autor en Semanario Brecha, 17/9/2010

[vi] La Diaria, “ANII recorta drásticamente su inversión en ciencia para 2021”, 26/2/2021 en:

https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2021/2/anii-recorta-drasticamente-su-inversion-en-ciencia-para-2021/

[vii] Gastos en I&D de Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Uruguay en el período 1996-2018, Banco Mundial, en: https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=NZ-UY-DK-FI

Antropometría histórica en América Latina

MANUEL LLORCA-JAÑA (Universidad de Valparaíso)

Manuel Llorca-Jaña es PhD en Historia Económica por la Universidad de Leicester (UK), Master en Historia Económica Internacional por la misma institución y Economista de la Universidad de Santiago.

RESUMEN. En esta entrada damos cuenta del desarrollo de la antropometría histórica en América Latina en los últimos años, entregando algunas definiciones básicas para todo lector, así como un listado de los principales autores y sus publicaciones para nuestra región. Adicionalmente, nos referimos a los determinantes más importantes de la estatura en adultos y por qué es importante considerarla como un buen indicador de bienestar de la población.


Durante los últimos cuarenta años la antropometría histórica se ha consolidado como un campo muy dinámico y popular dentro de la historia económica. En este proceso han sido fundamentales los trabajos de dos premios Nobel en economía: Robert Fogel y Angus Deaton, así como de otros importantes académicos como Richard Steckel, John Komlos, Joerg Baten, Matthias Blum, entre muchos otros.

Para Iberoamérica, los países para los que existen mayor cantidad de estudios son España, Argentina, México, Colombia y Chile, en buena medida gracias a los trabajos de José Miguel Martínez Carrión, Antonio Cámara, Ricardo Salvatore, Moramay López Alonso, Amílcar Challú, Adolfo Meisel, Joerg Baten, entre varioss otros. Otros países latinoamericanos como Brasil, Perú y Bolivia han recibido algo de interés (gracias a los trabajos de Baten mismo, Linda Twrdek, José Péres-Cajias, Z. Frank, Daniel Franken y otros colegas), pero bastante menos que para Argentina, México, Colombia o Chile. El resto de los países latinoamericanos casi no ha despertado interés entre los historiadores económicos, por lo que existe una rica veta para explotar. Un listado de las publicaciones existentes para nuestra región se encuentra el sitio web de la Red Iberoamericana de Historia Antropométrica, creada durante el Cladhe que se realizó en Chile en el año 2019.


Libro “Estar a la Altura”, de Moramay López-Alonso, sobre antropometría histórica de México. Es una de las principales obras que se han publicado para nuestra región sobre esta temática.

Dentro de los estudios antropométricos, la estatura de la población ha ganado aceptación como un muy buen indicador de niveles de vida, en particular del denominado bienestar biológico. La estatura es fiel reflejo del estado nutricional de la población durante la niñez, y del combate del cuerpo contra el medio ambiente (e.g. para pelear enfermedades). Hay bastante consenso en señalar que aquellos/as que disfrutaron de mejor dieta, mejor alojamiento, mejor educación, mejor salud, y mejor vestimenta durante los primeros 20 años de vida (pero sobre todo durante la infancia temprana) disfrutarán de una mayor estatura en la adultez. Mayor estatura además se cree que viene aparejada con mayor expectativa de vida o mayores salarios, todo esto a nivel promedio de poblaciones.

Asimismo, se ha buscado explicar cuáles son los principales determinantes de la estatura, incluyendo variables como estado nutricional de la población, nivel socioeconómico (escolaridad, ocupación), lugar de residencia, ingresos medios, etnicidad, entre otros. Esto ha llevado a utilizar la estatura en estudios de desigualdad. En efecto, para periodos donde no existen muchos indicadores de bienestar, la estatura de la población ha sido en muchos casos la principal evidencia tanto de bienestar como de desigualdad. Por su parte, la búsqueda de determinantes de estatura ha llevado a la construcción de nuevas series de otros indicadores económicos igualmente útiles, tales como consumo per cápita de algunos alimentos (carnes, lácteos), escolaridad, mortalidad, entre otros, para gran beneficio de la disciplina. Toda esta nueva evidencia nos ha permitido insertarnos en discusiones en torno a la transición nutricional, la evolución tecnofisiológica, la transición demográfica, entre otros interesantes debates.

En el gráfico que se adjunta mostramos cómo ha evolucionado la estatura en adultos hombres durante el siglo XX para varios países latinoamericanos. Los datos se presentan en centímetros por década de nacimiento, algo estándar en la literatura. Como puede apreciarse, para las décadas que tenemos datos para Argentina, México, Brasil, Colombia y Chile, los argentinos son los más altos de la muestra. Se observa también que ha habido un crecimiento importante en la estatura de la población de estos países, así como cierto grado de convergencia entre ellos, aun cuando ha habido divergencia respecto de la estatura de los países desarrollados.

Fuente: Manuel Llorca-Jaña, Juan Navarrete-Montalvo, Roberto Araya, Federico Droller, Martina Allende & Javier Rivas. «Height in twentieth-century Chilean men: growth with divergence». Cliometrica. Vol 15-1, 135-166 (2021).

Las principales fuentes usadas son registros militares, navales, carcelarios, escolares, de registro civil e identificación, entre otros. Vale decir, principalmente instituciones del estado que midieron en algún momento a sus poblaciones, o parte de ellas. Lamentablemente buena parte de la información proviene de conscripciones militares, por tanto hay mucha más evidencia para hombres que para mujeres.

A pesar de esta deficiencia, muchos colegas interesados en la evolución del bienestar en el largo plazo desde un punto de vista multidimensional, han contrastado la evolución de la estatura con otros indicadores más tradicionales como PIB per cápita o ingreso medio, encontrando que muchas veces la trayectoria de la estatura diverge respecto del ingreso medio, lo que ha llevado a catalogar algunos periodos como puzles, en particular para Estados Unidos y Europa occidental, pero también para países latinoamericanos.

Respecto a la agenda futura, hay muchas áreas aún por explorar, como la evolución de largo plazo de la estatura de mujeres, la diferencia de estatura entre hombres y mujeres (dimorfismo sexual), la evolución de otras variables antropométricas como peso al nacer, índice de masa corporal, y la desigualdad tanto de la estatura como de estas otras variables, entre otros.

Como se puede ver, la antropometría histórica es un campo floreciente en América Latina, al que esperamos muchos otros países se sumen. Entre los esfuerzos más recientes cabe destacar dos iniciativas en particular:

En 2019, Revista de Historia Económica publicó un número especial coordinado por Martínez Carrión y Salvatore, publicando trabajos sobre España, México, Chile, Colombia, Argentina y Brasil.

Más recientemente, la International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) prepara un número especial sobre estudios de condiciones biológicas de vida y desigualdad en salud en regiones en desarrollo, también coordinado por Martínez Carrión y Salvatore, junto a Carlos Varea. El plazo para enviar contribuciones se extiende hasta el 30 de junio de 2021. A la fecha ya se han publicado trabajos sobre Chile y Argentina.

Con todo, los invitamos a visitar el sitio web de nuestra red: https://redantropometria.cl/

Consensos y disensos metodológicos sobre las comparaciones de los niveles de vida

Maximiliano Presa (Universidad de la República, Uruguay)

Carolina Román (Universidad de la República, Uruguay)

15 de setiembre de 2019

RESUMEN. Las mediciones sobre los niveles de vida constituyen parte de una nutrida y activa agenda de investigación en historia económica, con una larga trayectoria, pero con mucho camino por recorrer. En particular, para las comparaciones internacionales de salarios, la agenda resulta en mejorar nuestro conocimiento sobre la historia del consumo de las sociedades. En esta entrada introduciremos avances presentados en el Simposio Nº 19 del sexto Congreso Latinoamericano de Historia Económica y el trabajo que actualmente estamos llevando a cabo sobre la estimación del consumo de ciertos alimentos de la canasta de consumo uruguaya durante el siglo XX.

Algunas líneas sobre el debate

Las comparaciones de los niveles de vida entre países constituyen una agenda de investigación con larga trayectoria en la historia económica. A nivel empírico, surgen dos grandes preguntas: ¿qué comparar? y ¿cómo comparar? Estas interrogantes enfrentan desafíos metodológicos que, para períodos pre-estadísticos, adquieren particularidades específicas. Muchas veces sucede que las fuentes de información disponibles, más allá de que suelen ser escasas, poco sistemáticas o difíciles de comparar internacionalmente, no fueron diseñadas para responder estas preguntas.

Las respuestas a la primera de estas interrogantes incluyen un abanico cada vez más amplio de dimensiones: el ingreso –el producto interno bruto per cápita y los salarios–, indicadores biológicos –nutricionales, alturas– u otras más comprensivas como el desarrollo humano –como propuesta compuesta que aspira a incluir variables como ingreso, educación, salud, distribución del ingreso, género (ver, por ejemplo, el trabajo de Escudero, 2002, con una presentación más exhaustiva). Entre todas estas variables, nos concentraremos en los salarios, ya que existe una larga tradición de los estudios que la utilizan para evaluar diferencias de niveles de vida entre países (Scholliers, 1996). La comparación internacional de los salarios implica resolver dos dilemas. Por un lado, decidir qué tipo de salario debe considerarse como referencia. Por otro lado, debe resolverse cómo medir el poder adquisitivo de dicho salario de tal forma que permita controlar por diferencias en los niveles de precios entre países y, también, a lo largo del tiempo.

Estas cuestiones, algunas más teóricas y otras más metodológicas, fueron parte de los temas presentes en el Simposio 19: Precios, ingreso y niveles de vida: problemas metodológicos en la agenda global, siglos XVI-XX, organizado por María Inés Moraes (Universidad de la República, Uruguay), Daniel Santilli (Instituto Ravignani, Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina) y Julio Djenderedjian (Instituto Ravignani, Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina), en el marco del 6to Congreso Latinoamericano de Historia Económica celebrado en la Universidad de Santiago de Chile, Santiago (Chile) entre el 23 y el 25 de julio de este año. Este simposio nucleó a investigadores de América Latina y España, cuyas preguntas y problemas de investigación suelen tender puentes entre ciudades, países, continentes y etapas históricas. Se presentaron investigaciones sobre salarios, costo de vida, precios, consumo, riqueza y distribución, cubriendo distintos periodos y etapas históricas –la industrialización sustitutiva de importaciones, fines del XIX, siglo XX, principios del XIX, mediados del XIX, siglo XVIII– y distintos ámbitos geográficos a nivel de ciudades –Mendoza, Ciudad de México, Puebla, Buenos Aires, Montevideo–, a nivel de países –Chile, Uruguay, España– y a nivel de algunos ámbitos urbanos y/o del mundo rural. Así, se generó un fluido intercambio en donde las sugerencias se cruzaban de una a otra ciudad y atravesaban la historia.

Uno de los denominadores comunes fue el desafío de medir una canasta básica y representativa de consumo que permitiera, o bien deflactar salarios, o bien construir indicadores de paridad de poder adquisitivo, o bien construir una canasta de subsistencia o respetable (para calcular los welfare ratios siguiendo a Allen, 2001, y Allen et al., 2015). Cualquiera sea la estrategia empírica elegida, uno de los tantos problemas a resolver es definir qué bienes debemos incorporar en la canasta, y, una vez definido un criterio para la selección de los productos, estimar sus cantidades y precios.

Este tipo de preguntas son transversales a las investigaciones que tengan como objeto estudiar y comparar niveles de vida entre ciudades y/o países. Entre los rubros más importantes de las canastas de consumo de un hogar se encuentran los gastos destinados a la alimentación, esencial para la supervivencia, el desarrollo y el bienestar de los seres humanos, y que, además, suele constituir el destino de la mayor parte del presupuesto de los hogares (otros gastos constituyen la vivienda, la vestimenta, la energía, y un rubro residual que suele incluir servicios, como el transporte, educación, salud, recreación, etc.).

Al comparar ciudades o países con diferencias en niveles de ingreso y su distribución, composición familiar, precios y preferencias, definir una canasta de alimentos que permita la comparabilidad resulta un tanto complejo. Aquí entran varias dimensiones a considerar, como la composición –tipo, calidad y cantidad de alimentos– y los precios (la ponencia de Djenderedjian, 2019, ilustra de estas problemáticas con el pan y la carne). Asimismo, una pregunta adicional es: ¿cuántas calorías debe tener la canasta? Aquí hay varias discusiones: por ejemplo, Humphries (2013) ha cuestionado la canasta de subsistencia de Allen (2001) porque subestima la necesidad de calorías que requiere una mujer y los niños. Este debate se conecta con la discusión sobre la composición de los hogares, para lo cual es posible realizar ajustes que contemplen cambios demográficos y variaciones en los integrantes del hogar (ver Schneider, 2013).

La ausencia de encuestas de gasto de los hogares o de presupuestos familiares –en general, en América Latina, estos instrumentos se comienzan a aplicar en la segunda mitad del siglo XX– que nos permitan conocer las pautas de consumo de la población, nos deja un vacío importante para abordar algunas de las dimensiones señaladas anteriormente. Así, existen distintas estrategias que podemos resumir en dos: enfocarnos en el consumo de algunos segmentos de la población –por ejemplo, la clase obrera–, o calcular el consumo agregado de alimentos por persona. Esta doble perspectiva, microeconómica y macroeconómica, se presenta como dos vías complementarias para contribuir a la historia de la alimentación en los países de América Latina.

En esta entrada al Blog, vamos a concentrarnos en la segunda perspectiva, esto es, en el cálculo del consumo agregado de alimentos por persona y lo vamos a ilustrar con los avances realizados en el caso uruguayo en el cual estamos trabajando (Presa y Román, 2019).

Una ilustración con el caso uruguayo

Un método utilizado para estimar series de alimentos se asemeja al del flujo de mercancías (commodity flow approach), aunque guarda también grandes similitudes con el procedimiento propuesto por FAO para estimar las hojas de balance de alimentos. El método del flujo de mercancías consiste en calcular el consumo (“aparente”) de un bien o servicio a partir del valor de producción del mismo, restando su uso como insumo, las cantidades exportadas y sumando las importadas. El principal antecedente encontrado en la bibliografía es la estimación de las cuentas históricas de Gran Bretaña realizada por Feinstein (1972), aunque este enfoque ya se había utilizado para ese país en las obras de Jeffrey y Walters (1955) y Deane (1968). Una aplicación más reciente es la de Prados de la Escosura (2003) para España, y también encontramos este método aplicado a las cuentas históricas de consumo holandesas en Smits, Horlings y Van Zanden (1999). Por ejemplo, para el caso de España, Prados de la Escosura (2003), en sus estimaciones de las Cuentas Nacionales Históricas españolas, se basa en los datos obtenidos en las estimaciones del PIB por el lado de la producción junto a una estructura de usos y recursos brindada por una Matriz de Insumo – Producto (MIP) que actúa de benchmark. A partir de esta MIP, se pueden “depurar” las series de producción de los distintos alimentos encontrando la cantidad que fue destinada al consumo final de las familias en cada año. Claramente, cuantas más estructuras de usos y recursos se tengan, mejor será la estimación dado que se utilizarán menos supuestos sobre la estructura vigente en cada momento.

Para el caso de Uruguay, hemos estimado series de consumo aparente de los principales alimentos de la canasta de consumo uruguaya entre 1900 y 1970. Partiendo de relevamientos a clases trabajadoras y las primeras encuestas de consumo, identificamos que los siguientes alimentos mantienen, a grandes rasgos, su importancia a lo largo del período estudiado: carne vacuna y ovina, harina de trigo y panificados, leche y sus derivados y papas y boniatos.

Lechero Artigas

Vendedor de Leche en la ciudad de Rivera, Uruguay, en la década de 1960.  Fuente: https://www.bibna.gub.uy/ Creative Commons 2.0

En Uruguay, la primera MIP se estimó para el año 1961. A medida que fuimos avanzando en nuestras estimaciones de las series por producto surgió, de las fuentes consultadas sobre las cifras de producción y sobre las canastas de consumo, la idea de que mantener la estructura de 1961 podía desembocar en resultados no muy confiables. Por lo tanto, el método utilizado fue dejando paulatinamente el abordaje más vinculado a la Contabilidad Nacional para pasar al método de estimación de las Hojas de Balances de Alimentos propuesto por FAO (2001). Este método es mucho más intensivo en el uso de coeficientes particulares de cada tipo de alimento, por lo que, si bien es más demandante en información –y, ante la falta de la misma, también de supuestos– permite obtener estimaciones más precisas y más informativas acerca de los cambios en los niveles de vida. Para realizar las estimaciones apelamos, entonces, a fuentes primarias y secundarias sobre datos de producción, disponibilidad total, y su distribución entre los distintos usos posibles, así como a estudios sectoriales y consultas a expertos para indagar esos posibles usos. En una próxima entrada al Blog presentaremos las estimaciones y los resultados encontrados.

Esta perspectiva propuesta nos da una idea agregada de la evolución y los cambios en el consumo de los principales alimentos, pero no nos dice nada sobre la distribución de ese consumo entre los distintos segmentos de la población, sea por clases, áreas geográficas u otras dimensiones. No obstante, es factible de complementar con información más cercana al consumo de algunos segmentos de la población –como las clases trabajadoras–, encuestas de nutrición o estudios cualitativos que nos permitan ir completando la imagen del patrón alimenticio de la población uruguaya durante las primeras décadas del siglo XX. Este tipo de ejercicios resulta factible de replicar metodológicamente porque las fuentes que se requieren –estadísticas de producción agropecuaria y de comercio exterior– suelen estar disponibles en nuestros países para etapas pre-estadísticas. Así, se propone como una alternativa a complementar con otros enfoques. Esto forma parte de una agenda de investigación por la cual estamos avanzando y en la cual la colaboración entre investigadores de distintas latitudes constituye un aspecto fundamental.

Referencias

Allen, R.C. (2001) “The great divergence in European wages and prices from the middle ages to the First World War,” Explorations in Economic History, 38 (41), 1-447.

Allen, R., Murphy, T., and Schneider, E (2015) “Una de cal y otra de arena: building comparable real wages in a global perspective,” Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic History, 3 (1).

Deane, P. (1968) “New estimates of Gross National Product for the United Kingdom 1830-1914”. The Review of Income and Wealth, 14(2), 95-112.

Djenderedjian, J. (2019) “Problemas de conversión metrológica y monetaria en los estudios sobre nivel de vida del pasado río platense en los siglos XVIII-XIX. Algunas reflexiones sobre su magnitud, características y posibilidades de solución”, 6to Congreso Latinoamericano de Historia Económica, 23-25 de Julio, Santiago de Chile.

Escudero, A. (2002) Volviendo a un viejo debate: el nivel de vida de la clase obrera británica durante la Revolución Industrial. Revista de Historia Industrial, (21), 13-60.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2001) Food balance sheets: a handbook, Rome: FAO.

Feinstein, C. H. (1972) National income, expenditure and output of the United Kingdom 1855-1965 (Vol. 6). Cambridge: Cambridge University Press.

Humphries, J. (2013) “The lure of aggregates and the pitfalls of the patriarchal perspective: a critique of the high wage economy interpretation of the British industrial revolution”. The Economic History Review66(3), 693-714.

Jeffreys, J. B., and Walters, D. (1955) “National Income and Expenditure of the United Kingdom, 1870-1952”. Income and Wealth Vol. 5, Issue 1, December, 1-40.

Prados de la Escosura, L. (2003) El progreso económico de España (1850 – 2000). Bilbao: Fundación BBVA.

Presa, M. y Román, C. (2019) “Evolución del consumo de alimentos en Uruguay (1900-1960s). Una aproximación desde el enfoque de flujos de mercancías”, 6to Congreso Latinoamericano de Historia Económica, 23-25 de Julio, Santiago de Chile.

Scholliers, P. (1996) “Real wages and the standard of living in the nineteenth and early-twentieth centuries. Some theoretical and methodological elucidations”. VSWG: Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte83(H. 3), 307-333.

Schneider, E. B. (2013) “Real wages and the family: Adjusting real wages to changing demography in pre-modern England”. Explorations in Economic History50 (1), 99-115

Smits, J.-P., Horlings, E., and Zanden, J. L. van. (2000) Dutch GNP and its components, 1800-1913. s.n.